Por Santiago Nieto
Después de 93 años, la alternancia llegó por primera vez al estado Hidalgo en representación del ahora gobernador de la entidad, Julio Menchaca, abanderado del Movimiento Regeneración Nacional (mejor conocido como MORENA); y a un año de su administración, las medidas contra los principales problemas a nivel local han sido contundentes, y me refiero a la lucha contra la corrupción estructural orquestada desde el ámbito público municipal y estatal de anteriores administraciones para el financiamiento ilegal de campañas del Partido Revolucionario Institucional principalmente (PRI) y, por supuesto, para el beneficio personal de recursos públicos por parte de ex funcionarios públicos involucrados en uno de los casos de corrupción más escandalosos de las últimos años: la denominada Estafa Siniestra.
La lucha contra la corrupción emprendida por el gobernador, es parte de un marco general de acción y compromiso con la población hidalguense. Al momento de asumir el nuevo gobierno, Hidalgo era uno de los tres únicos estados que no habían transitado a una fiscalía constitucional y autónoma capaz de eficientar sus procesos y dar los resultados esperados en procuración de justicia. A partir de ello, la Procuraduría ha generado cambios al interior de la Institución y crea las condiciones para transformarse legal, operativa y administrativamente en un ente autónomo como el resto de sus homólogas en la mayoría de los estados del país y emerger con un modelo moderno, dinámico, tecnológico y sobre todo, con enfoque social.
Durante el proceso de transición y a un año de trabajos, la Procuraduría investiga un esquema de desvío de recursos públicos a través de empresas fachada en el que participaron servidoras y servidores públicos estatales y municipales, que causaron un detrimento millonario a las arcas del estado e impactando de forma negativa en la calidad de vida de las y los hidalguenses. La investigación que realiza la Procuraduría contribuye al objetivo de combatir la corrupción e impunidad de sus perpetradores y al fortalecimiento del Estado de Derecho en la entidad. De acuerdo con World Justice Proyect, en su edición 2022-2023, Hidalgo mejoró su adherencia con el aumento de 2 puntos decimales, con incrementos en los rubros de combate a la corrupción y justicia penal a diferencia de lo reportado en 2021-2022.
Cabe destacar que, Hidalgo es la primera entidad federativa en realizar investigaciones penales por actos de corrupción en contra de presidentes municipales y ex servidores públicos estatales que en ejercicio de sus funciones afectaron el erario público del estado. En este sentido, la Procuraduría ha logrado en tiempo récord la vinculación a proceso de 8 presidentes municipales, 5 de ellos en prisión preventiva, por el delito de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades y los cuales han sido separados del cargo; mismos que utilizaron recursos públicos para adquirir supuestos insumos relacionados con la pandemia COVID-19, la adquisición de maquinaria para mejora de caminos en los municipios, la compra de insumos para fumigación e instalación de una app digital, así como la adquisición de materiales para afrontar la inundación que padeció uno de los municipios.
Cero impunidad a personas funcionarias corruptas que hicieron mal uso de los recursos públicos de los hidalguenses.
Asimismo, como parte de las investigaciones realizadas en este maxi proceso se han obtenido vinculaciones a proceso en contra de diversos ex servidores públicos que laboraban en dependencias estatales,como en el caso del ex Subsecretario de Educación en Hidalgo, por el desvío de recursos públicos por un estimado de $143,999,857 MDP por la adquisición de un servicio para combatir un supuesto hackeo informático en dicha dependencia; sin embargo dicho hackeo nunca existió pero los recursos sí fue erogados por parte de gobierno del estado.
Otro caso, es el del Titular y un Director General de la Oficialía Mayor de Hidalgo por el desvío de recursos públicos de $18,249,070 para la compra de crema antiséptica antibacterial, y que no fue adquirida, no obstante, los recursos sí fue erogados por parte de gobierno de la entidad. Ambos ex funcionarios también desviaron recursos por un total de $11,998,560 MDP para la adquisición de un sistema informático que sería instalado en la Contraloría del estado; sin embargo dicho sistema ya existía y aún así el estado erogó los recursos mencionados.
Otro ejemplo es el ex Director de Radio y Televisión en Hidalgo, se le vincula con la pérdida de diversas concesiones de radio, por el cual el estado ha sufrido una afectación en su patrimonio por $9,000,000 MDP.
Recientemente, se logró que un juez de control estatal librara orden de aprehensión en contra de el ex Secretario del estado de Hidalgo por el delito de amenazas y se le aseguraron $500,000 pesos por lamalversación de recursos públicos de la entidad.
La investigación y los procedimientos penales iniciados están en curso. El propósito es poder recuperar la mayoría de los recursos públicos robados y destinarlos, con la debida transparencia y fiscalización, a aquellos programas sociales que más los requieran y contribuyan en esa medida a la mejora de oportunidades para la población.
Y que quede claro: Cero impunidad a personas funcionarias corruptas que hicieron mal uso de los recursos públicos de los hidalguenses, enfocaremos nuestros esfuerzos y estrecharemos la coordinación con autoridades nacionales y extranjeras para que respondan ante la justicia y la sociedad.
